El Decreto 31-22 instruye a las instituciones públicas encargadas de programas de alimentación humana, al alivio de la pobreza o a  la protección de mujeres, personas con discapacidad, envejecientes, niños, niñas y  adolescentes, especialmente en áreas rurales deprimidas y en la zona fronteriza, para que los procesos de compras que realicen, a fin de adquirir bienes producidos en el territorio dominicano y relacionados a  su objeto, sean dirigidos exclusivamente a micro, pequeñas y medianas industrias, para contribuir al desarrollo económico del país y a la generación de empleos, siempre que en el mercado existan mipymes industriales que demuestren tener capacidad para suministrarlos.

El decreto 31-22 utiliza el mecanismo de las compras gubernamentales en el marco de programas de alivio a la pobreza para fomentar lo “hecho en República Dominicana” por mipymes industriales, conforme a lo que habilita la normativa legal vigente.